Hay al menos dos formas de equivocarse al afrontar un problema, ya sea este de pareja, familiar, económico o, en este caso, de gobierno. Una forma, negarlo. Ahí tenemos la inflación, el crecimiento sideral del juego, la inseguridad, y el déficit de viviendas. La otra, errar con el diagnóstico. Acá tenemos a YPF.
Sería muy fácil deslegitimar la postura supuestamente progresista, nacional y popular del gobierno con sus antecedentes. Cuando se privatizó YPF, allá por 1992, sólo fue posible por la rápida llegada de los diputados de Santa Cruz, que aterrizaron en Buenos Aires en el avión del gobernador Néstor Kirchner. Sería sencillo también citar las palabras de la entonces diputada de Santa Cruz, Cristina Kirchner, rogando la aprobación de la ley de privatización de YPF.
Estos datos nos ayudan a separar decisiones de convicciones. Las convicciones, en el caso YPF, no están.
En el fondo, el tema del petróleo es estratégico y de largo plazo. Lo que decidamos hoy sobre YPF afectará las finanzas públicas, la economía diaria y el federalismo por las próximas generaciones.
Ejemplos en el mundo sobre la gestión de recursos hidrocarburíferos hay para todos los gustos. Hay países donde el Estado tiene el monopolio sobre el recurso, por ejemplo en Medio Oriente; hay otros casos en los cuales el Estado se asocia con compañías privadas, Rusia es un ejemplo; hay Estados donde los privados explotan las licencias, situación que se da en Estados Unidos, Reino Unido o Noruega; hay finalmente casos de empresas controladas por el Estado, como Petrobrás en Brasil.
En todos los casos alternativos hay ejemplos de buen funcionamiento y de pésima gestión. ¿Qué quiere decir esto? La política pública tiene un país en materia de recursos hidrocarburíferos es el fondo de la cuestión. En este marco podemos analizar los nueve años de kirchnerismo en materia de petróleo.
Durante los primeros 8 años y medio, es decir el mandato de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Kirchner el problema fue negado. Para muestra alcanza un botón: hace tres años un grupo de 8 ex secretarios de energía le planteó preocupación al gobierno porque las reservas de petróleo caen sistemáticamente desde 1998. El gobierno miró para otro lado y prefirió importar combustible (pagándolo mucho más caro que si se explotara en nuestro país), comprometiendo además a las finanzas públicas.
Si miramos el caso del petróleo podemos decir que hay una continuidad entre los gobiernos de Menem, Duhalde y Kirchner, con un deterioro prolongado y preocupante. Mientras en 1988 se hicieron en Argentina 103 pozos exploratorios en busca de petróleo, en 1998 se hicieron 75, y en 2008 sólo 54.
Durante estos últimos años además, el gobierno nacional creó una empresa de energía, Enarsa. Fue en 2006, con el voto incluso de los legisladores opositores. Esa empresa tuvo más repercusión pública por su vinculación a las valijas de Antonini Wilson que por el petróleo hallado en Argentina.
En resumidas cuentas, el debate sobre YPF es falso y pobre si se circunscribe sólo a si la empresa es estatal, privada o mixta. Quienes hoy bregan por el reingreso del Estado al negocio del petróleo son los mismos que en 1992 hicieron fuerza para que salga la privatización y durante los últimos nueve años miraron hacia un costado mientras el sector se debilitaba. Si no se cambian las estrategias, el problema estructural va a persistir.
El debate fructífero será aquel que plantee programas de largo plazo en materia hidrocarburífera. Con coherencia y transparencia; generando confianza y promoviendo inversiones.
Nada de eso puede hacerse sin identificar antes a los responsables de la rifa de YPF en 1992 y el descontrol del Estado cómplice durante los últimos ocho años. Estos últimos son los mismos de aquella privatización - que también miraron hacia otro lado cuando TBA desatendía los trenes-.
Tampoco podrá avanzarse en sentido positivo si el responsable de administrar la empresa durante la intervención es Julio De Vido, el mismo que durante 8 años por acción u omisión permitió su vaciamiento.
En los `90 nos decían que apartásemos al Estado y dejásemos los trenes, YPF y los servicios en manos de privados supuestamente más eficientes. Hoy, nos dicen que el Estado debe volver asociándose con el privado. Mientras tanto el Estado no controló, no exigió, no planificó y miró hacia otro lado por 20 años. Así como en los `90, es importante que el Estado sea parte de YPF, pero tan importante como eso es cómo lo hace, para qué lo hace y quién controla. Si nos fijamos sólo en lo primero, erramos el diagnóstico y para el dolor de cabeza recetamos Buscapina.
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